NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS
Los senadores de Alberto Rodríguez Saá aprobaron la “inconstitucional” designación de Catalfamo como rectora de la ULP
El bloque que responde al gobernador saliente en sesión secreta convalidó el pliego. Los representantes del poggismo había adelantado su rechazo porque la actual legisladora no cumple los requisitos de las leyes de Educación Superior y de creación de la institución.
Los senadores oficialistas aprobaron hoy el pliego de la actual senadora nacional Eugenia Catalfamo como rectora de la Universidad de La Punta en una jugada que se inscribe en el plan de Alberto Rodríguez Saá de enquistar en las estructuras del Estado a sus funcionarios leales para que permanezcan más allá del 10 de diciembre y crear un gobierno paralelo a la administración de Claudio Poggi.
Hoy estuvieron en el recinto seis legisladores albertistas María Angélica Torrontegui, Diamela Freixes, Héctor Camilli, Juan Carlos García, Diego García y Mariana Cruz.
La legisladora albertista Catalfamo que viene de integrar junto a Jorge Fernández la fórmula de gobernador y vice del oficialismo, no acredita los antecedentes académicos estipulados por las leyes de Educación Superior y de Creación de la Universidad de La Punta.
Antes de que se tratara el pliego, la oposición rechazó el nombramiento.
El senador poggista de Unidos por San Luis, Adolfo Castro Luna aseguró que la designación viola el artículo 23 de la Constitución provincial que habla sobre el principio de idoneidad para ocupar cargos públicos.
Asimismo, mencionó que incumple con el artículo 51 de la Ley de Educación Superior el cual establece que el ingreso a la carrera académica se hará mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición.
Infringe el artículo 54 de la misma norma que para acceder a los cargos de rector o presidente, vicerrector o vicepresidente sumado a los titulares de los demás órganos de Gobierno "deben haber sido profesor por concurso" y durarán en sus funciones como mínimo tres años.
“De avanzar con este acuerdo además de ser de nulidad absoluta por la violación constitucional y de leyes pone en riesgo el correcto funcionamiento institucional de la ULP", planteó.
Por otra parte, aseguró que del análisis del currículum vitae de Catalfamo, "vemos que no tiene antecedentes docentes ni curso de capacitación de posgrado, solamente un año y medio de gestión en la universidad”, cerró.
Castro Luna y Sergio Guardia de Unidos por San Luis y Marcelo Debandi de “Doctrina Peronista” rechazaron el pliego y después se retiraron en disconformidad con las resoluciones del oficialismo.
Diamela Freixes, del bloque oficialista, fue la encargada de defender el nombramiento de la legisladora albertista.
En su exposición, señaló que la ley de creación de la ULP define a la casa de estudios como “persona jurídica con autonomía y autarquía”.
A su vez, se basó en el artículo 4 de la misma norma que establece la modalidad de nombramiento del rector para lo cual es necesaria la propuesta del Ejecutivo y acuerdo del Senado y dispone que sólo se aplica la Ley 24.521 (Educación Superior) “en aquellos temas que no estén contemplados en la ley provincial y eso cuando no sea incompatible con la autonomía de la provincia”.
“Hay que recordar que la institución queda fuera del ámbito de aplicación de dicha ley en virtud que no forma parte del sistema educativo nacional y sus títulos no se encuentran acreditados por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau)”, sostuvo.
Por último, indicó que en el texto de la normativa “no define ningún otro tipo de requisito o calidad a complementar por la persona que vaya a designar dicha función”.